El Gobierno de Cantabria (PP) ha reiterado que "no ha encontrado indicio alguno" de que el Ejecutivo anterior, PRC-PSOE, adjudicara ningún contrato a las empresas involucradas en la trama corrupta relacionada con la comercialización de material sanitario durante la pandemia, que los 'populares' han denominado como "caso Sánchez".
"No hay motivo alguno para pensar que cualquiera de las empresas adjudicatarias pudiera estar implicada en ninguna trama corrupta, mucho menos de las del caso Sánchez", ha manifestado en el Pleno del Parlamento de este lunes la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, en una interpelación formulada por Vox para preguntar por las investigaciones que ha realizado el Ejecutivo del PP para controlar posibles vínculos entre el Gobierno anterior y esta trama.
Un asunto que se ha abordado en la Cámara cántabra el mismo día en el que han dado comienzo las comparecencias por el denominado 'caso Koldo' en la comisión de investigación del Senado. Sin embargo, la consejera ha asegurado que el Gobierno del PP ha hecho las investigaciones oportunas tomando como referencia un listado de las empresas involucradas y "ni tan siquiera están dadas de alta" en el sistema de contratación de la Administración cántabra.
Urrutia ha señalado que "no sabe muy bien a dónde quiere llegar" Vox con este asunto, dado que no es la primera vez que pregunta por él y ya se le remitió contestación por escrito, además de que el consejero de Salud, César Pascual, le respondió en el mismo sentido en un Pleno anterior. Así, la consejera ha aclarado que el Gobierno regional "no está personado en ningún procedimiento judicial relacionado con este asunto" y tampoco se ha recibido comunicación ni petición formal alguna por parte de ningún órgano judicial en relación con los contratos de compra de mascarillas.
"El mismo día en que estalló la trama corrupta del caso Sánchez en los medios de comunicación nos pusimos a trabajar". "Hemos actuado", ha insistido, aclarando que "cada vez que hemos tenido conocimiento de una nueva empresa de la trama, hemos investigado si estaban en esa relación". "Si en algún caso lo encontramos, se lo contaremos", pero "no nos vamos a inventar algo que no existe", ha trasladado a Vox.
Y es que el diputado del grupo Cristóbal Palacio ha apuntado que existiría "un problema de desfase" en una compra de material sanitario que llegó cuando inicialmente se anunció que llegarían respiradores, si bien la consejera de Presidencia ha asegurado que la empresa reintegró en julio de 2020 un dinero que se había adelantado y que, además, ese expediente fue auditado por el Tribunal de Cuentas.
En concreto, el diputado de Vox ha expuesto que se pagaron 1,2 millones de euros con IVA incluido para comprar respiradores en una operación cuyo transporte "lo iba a hacer el Gobierno de España", pero después se indicó que "los respiradores no iban a venir" porque no había y ello se sumó a que finalmente el transporte pasaron a "tener que costearlo los cántabros" y a que "de forma casi simultánea" el Ejecutivo central exencionó el IVA de los productos sanitarios. Y además de que se cambiaron los respiradores por "batas y mascarillas", estas últimas "no valían" porque no eran FFP2. Al respecto, la factura que consta en la documentación, según Vox, es la que corresponde a 150 metros cúbicos de producto.
"Hemos preguntado al Gobierno de Cantabria si se verificó el volumen de la mercancía enviada y nos han explicado que no. Que no se verificó, simplemente se recibió la mercancía, el precio en el que aparecía en la factura y nadie comprobó si efectivamente se trataba de 150 metros cúbicos", ha remarcado. Por ello, cree que "nos encontraríamos con un problema de desfase en unas mascarillas que tuvimos que devolver porque no valían pero no hemos recobrado el precio y en un coste de transporte que hemos pagado tres veces más de lo que había pagado, lo que desde el Ejecutivo han negado.
